Chile
Econsult: Precio de las bencinas bajaría $6 a partir del jueves
De acuerdo a la consultora, se debe a la tendencia a la baja en el precio internacional del crudo y a la caída en el tipo de cambio.
El precio promedio de las bencinas bajaría $6 y del petróleo diésel $4 a partir del próximo jueves 30 de septiembre, según proyecciones de Econsult. Esto, de mantenerse el tipo de cambio en los niveles actuales, porque la estimación del precio de los combustibles se mueve 1 a 1 con el tipo de cambio peso con respecto al dólar.
Las estimaciones fueron realizadas utilizando un tipo de cambio de $486 por dólar, y los precios del mercado de la Costa del Golfo de Estados Unidos y Nueva York.
Considerando todos los factores anteriores, Econsult indicó que el precio de la gasolina 93 bajaría 1,1%, equivalente a $6; el de la gasolina 97 en 0,8%, alrededor de $5; y el precio del diésel ciudad en 1,1%, aproximadamente $4, a partir del jueves.
De acuerdo a la consultora, este resultado se explica por un alza de 0,3% en el precio internacional de la gasolina 93, de 0,8% en la gasolina 97 y de 0,9% en el precio internacional del diésel. Además de una disminución de 2,1% en el tipo de cambio (-$10).
Asimismo, Econsult explicó que "pese al alza que han sufrido el resto de los commodities mundiales el precio internacional del petróleo ha presentado tendencia a la baja durante esta semana, debido a que se han despejado una serie de eventos productivos que impulsaron al alza el precio del crudo la semana pasada".
Como consecuencia, principalmente del alza en el precio de los commodities, en específico, de las alzas en el precio del cobre, el tipo de cambio en Chile siguió con tendencia a la baja, traspasando la barrera de los $490 por dólar y transándose a $486 por dólar en la mañana de hoy, señala el informe de la consultora.
En base a los factores previamente descritos, la expectativa de Econsult para los precios de los combustibles en Chile en las próximas semanas es mixta.
Decisión atómica
El gobierno reactivó la agenda nuclear. Chile comenzará a caminar hacia una política de nucleo-electricidad, lo que implica un largo recorrido, repleto de etapas y decisiones clave. Porque no bastan las ganas ni la necesidad. En materia nuclear, lo primero es contar con el beneplácito de la población, el marco regulatorio, una eficiente fiscalización, recursos humanos preparados y un montón de cosas más. Pero vamos por partes. Por Sandra Burgos.
La opción de abastecer a Chile de energía nuclear vuelve a la carga y, en especial, tras la decisión del presidente Piñera de pedir a Suez Energy que desista de su central en Punta de Choros. El carbón, puesto en duda. Pero como el país crece al 7% –y en La Moneda tienen toda la esperanza de no bajar ese ritmo– hasta los dirigentes de la CPC aprovecharon de reinstalar la opción nuclear en su almuerzo con el mandatario.
No es que se esté tomando hoy la decisión, sino comenzando a construir el camino para que –de aquí a cinco u ocho años– el país esté en condiciones de optar entre construir una central nuclear, postergar la decisión o bien negarse, o congelar la idea.
En todo caso, no será la primera vez que Chile esté frente a esta definición. En 1979, el gobierno tenía en estudio un proyecto nuclear bastante avanzado, impulsado por Chilectra, Endesa y la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen), por entonces todas dependientes del Estado. Sebastián Bernstein, quien lideró los análisis, recuerda que la Comisión Nacional de Energía evaluó la posibilidad de instalar una central nuclear y tomó la decisión de congelar la propuesta e, incluso, se desmantelaron los equipos de estudio del proyecto.
Ahora la idea es ir piano-piano. Y para ello, se deben cumplir algunos pasos…
La institucionalidad por delante
El primer paso para que Chile se integre a las ligas de la núcleo-electricidad es la creación de una institucionalidad, un organismo regulador independiente. Eso implica, por ejemplo, que a partir de la Cchen se conforme un organismo regulador independiente, con recursos técnicos y humanos, capacitados en el exterior.
Provisoriamente se podría mantener este organismo regulador dentro de la Cchen, pero en algún momento se debe independizar porque será –ni más ni menos- el responsable de autorizar los proyectos nucleares e inspeccionar su construcción y operación. El gobierno también debe decidir si los estudios preliminares quedarán radicados en la propia Cchen o en una comisión ad hoc.
La demanda por núcleo-expertos
Según el informe elaborado por el ex ministro de Energía Marcelo Tokman: Núcleo-electricidad en Chile: posibilidades, brechas y desafíos, la opción nuclear implica un gran desafío en términos de recursos humanos. Esto no sólo se traduce en contar con gente capacitada para operar una central nuclear, sino también con expertos que participen en el órgano que regulará el tema, así como en un comité de alto nivel que asesore al gobierno.
A regular se ha dicho
Se debe adaptar una ley para reactores de potencia, seguramente en línea con lo que ya plantean los protocolos internacionales. Los expertos recomiendan adaptar una ley nuclear especialmente para reactores de potencia, ya que en este momento tenemos sólo reactores de investigación. Se deben, además, asignar responsabilidades, para tener claro cuáles serán los deberes y obligaciones del Estado, de los productores de energía nuclear, de las empresas que desarrollan esta energía, de los consumidores, del público, de la gente que rodea las centrales, etc. A eso se debe sumar toda la regulación que tiene que ver con la seguridad nuclear.
Evangelización nuclear
No puede desarrollarse la energía nuclear en contra de la opinión pública; por lo mismo, si se quiere avanzar en su introducción es clave la evangelización sobre sus ventajas, riesgos y oportunidades. Desde las escuelas hasta los centros de estudio. Formar una opinión pública favorable puede resultar una tarea titánica, como bien lo saben en Austria, donde en los años 70 se debió abortar la construcción de una planta ante las protestas de la población.
¿Dónde instalarla?
¿Quién quisiera ser vecino de una central nuclear? No se saca nada con que la opinión pública se pronuncie a favor de la construcción de una central nuclear bajo la condición de que se emplace muy lejos de sus centros poblados. En alguna parte se tiene que instalar, por lo cual se requiere identificar los sitios apropiados. No son muchos, porque necesitan una serie de condiciones, como estar a la orilla del mar por su exigencia de enfriamiento, contar con fundaciones apropiadas, alturas que protejan a la central de maremotos, análisis geológico y sísmico, etc.
Hágalo usted mismo
En general, los expertos concuerdan en que es el sector privado el encargado de llevar adelante un proyecto de inversión de esta naturaleza. Pero el Estado debe aportar lo suyo, como la cuestión de los terrenos. También se hace referencia a su aporte en materias como la contratación de seguros. Sume a ello la necesidad de definir la forma en que se ofrecerá la energía al sistema, su transporte, distribución e inserción en un modelo que privilegie las alternativas más baratas de producción.
Elija una tecnología
Completados estos pasos, viene otro muy importante antes de tomar la decisión de construir o no una central nuclear: la selección de la tecnología. Se trata de una definición tanto empresarial como estratégica y los proveedores se han encargado de iniciar desde ya sus acciones de lobby.
Post producción
Una vez que se hayan cumplido todas estas etapas, recién estaremos en la etapa de definición clave: levantar o no una central nuclear. Según los cálculos de expertos, esto debería ocurrir entre 2015 y 2016. Tras ello vendría la construcción de un reactor, lo cual trae aparejado otros temas como: supervisión de la construcción, preparación de personal para su manejo y la definición de qué se hará con los residuos radioactivos. Aquí habrá que optar por dos alternativas: que el mismo proveedor se lleve los residuos o bien que el combustible irradiado se guarde en un depósito cerca de la central.
Así las cosas, el impulso de la agenda de energía nuclear del gobierno no es más que el puntapié inicial para un largo camino; al menos, si de grandes o medianas centrales se trata.
No estamos solos • Existen 436 reactores nucleares en operación a nivel mundial, productores del 17% de la electricidad global.
• Este año se sumaron en construcción cerca de 56 nuevas unidades en países como China, India, Bulgaria, Japón, Rusia, Corea del Sur, Finlandia y Francia.
• A los reactores en construcción se deben agregar los proyectos, que ascienden a 200.
• El país que más emplea este tipo de energía es Francia, con un 78% de su electricidad de origen nuclear. Hoy, los galos construyen un reactor nuclear de nueva generación (EPR) y acaban de anunciar la construcción de otro en 2012.
• Otros países que han reactivado la construcción de centrales nucleares son Finlandia y Reino Unido. Italia y Polonia, que no tienen centrales nucleares, ya manifestaron su interés a raíz de los altos precios de la electricidad y de la excesiva dependencia del carbón. Suecia decidió eliminar la prohibición de construir nuevos reactores nucleares, acordada por referéndum en 1980.
Los reactores se acercan a Chile
Cuando en Chile comienza a resurgir el apetito por la energía nuclear, un grupo de inversionistas se adelantó y estableció un acuerdo comercial con una de las empresas líderes en Estados Unidos en la creación de reactores nucleares a menor escala, que surgen como la gran receta para terminar con todos los mitos en torno a este tipo de energía. Por Sandra Burgos.
Aunque no se han sentado las bases para la instalación de reactores nucleares en Chile, su inminente necesidad ha puesto a varios inversionistas a sondear posibilidades y a buscar asociaciones con los productoresdeprototipos. La oferta a nivel mundial ha crecido, especializándose en los últimos años en la creación de reactores con potencias que van desde los 300 hasta los 25 MW.
Es el resurgimiento, dicen algunos, de la energía nuclear, pero modificada y adaptada a las demandas de los consumidores. Hoy la apuesta es por minicentrales asociadas a proyectos industriales o para abastecer centros de población de 120 mil a 300 mil personas.
De hecho, este nicho de mercado ha estado creciendo en los últimos años, principalmente impulsado por las reformas energéticas introducidas en Estados Unidos por el presidente Obama.
Avizorando este negocio, un grupo de inversionistas chilenos –liderado por Juan Carlos Olmedo, ex ejecutivo de AES Gener y actual asesor de empresas en materia energética– se puso a analizar el mercado hasta encontrar un reactor que se adaptara a la demanda de un país como Chile; es decir, que produjera cantidades acotadas de energía, con altos estándares de seguridad –sobre todo, antisísmica– y permitiera un manejo de los residuos, entre otras varias características.
Y dieron con lo que buscaban: el Hyperion Power Module (HPM), un reactor desarrollado por la compañía estadounidense Hyperion Power, con la cual firmaron un acuerdo comercial para ser sus distribuidores en Chile, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay. HPM integra un grupo de compañías asentadas en Los Alamos, Denver-Colorado y dedicadas a desarrollar reactores de pequeña escala, lo que significa que producen bajo los 300 ó 400 MW, equivalente a lo que genera la central hidroeléctrica de Pangue o Ralco.
El mérito de Hyperion Power es que desarrolló un reactor capaz de producir 25 MW, que en la práctica permite abastecer el consumo de proyectos como Lomas Bayas o la mitad del consumo de una ciudad como La Serena.
Pero no sólo eso. El mismo Olmedo explica que con la creación de este tipo de reactor se abre un nuevo paradigma para la generación de energía en el mundo, ya que permite atacar una serie de mitos en torno a la energía nuclear. “Es la única energía verde que se puede obtener en forma continua y sin emisiones de CO2”, señala.
Un mini power
Hyperion Power lleva varios años trabajando para generar este aparato que resuelve todas las aprensiones de la gente sobre las plantas nucleares. De partida, el reactor mide 1 metro y medio de largo y deancho por 2 metros y medio de alto. No usa barras de combustible, sino una cápsula dentro de la cual éste va sellado, y que es de alta seguridad asísmica. El combustible dura entre 8 y 10 años y cuando se termina, la compañía retira el reactor, se lo lleva e instala otro. De esta forma, se eliminan varias de las barreras que existen entorno a las grandes plantas nucleares: el tamaño, la seguridad y el problema de los residuos.
Además, no usa agua pesada. Cuenta con un sistema de enfriamiento que –aseguran– tiene un impacto mínimo en el calentamiento del mar y posee sistemas que permiten entregar agua potable, ya que en el proceso se desaliniza el líquido marino. Todo esto hace que este mini reactor sea una alternativa atractiva para el sector minero o para ciudades del norte de Chile, donde el recurso hídrico escasea.
El grupo de inversionistas tiene previsto reunirse en los próximos días con el ministro de Energía, Ricardo Raineri, para presentar el proyecto y comenzar a mover los hilos hacia su comercialización en Chile, ya que para poder hacerlo el país debe suscribir una serie de protocolos que le permitan ingresar al mundo de la núcleo-electricidad.
Otra de las ventajas que favorecerían a estos mini reactores, es que sus precios de generación son absolutamente competitivos con las energías convencionales, a lo que se suma el hecho de que no demandan una gran inversión en obras civiles, como sí lo hacen las centrales a carbón, termoeléctricas o hidroeléctricas. O sea, puro beneficio.
¿qué haremos para conseguir la energía que necesitaremos los próximos 20 años, un momento en que se espera que tripliquemos nuestro consumo eléctrico debido a un mayor crecimiento económico?
Muchos dicen que la Concertación se puso verde…
Cuando poco a poco el muy necesario furor por la ecología y los llamados “temas verdes” ha abandonado las portadas y titulares de los medios de comunicación, creo invaluable reflexionar acerca de lo ocurrido en nuestro país a partir de la experiencia de Punta de Choros. Y es que como suele suceder cuando las discusiones profundas son teñidas por la lógica de “la pequeña ganancia política”, los ruidos innecesarios generados en medio de ese debate, las argumentaciones “para la galería” y el gatillo fácil de algunos personeros de la Concertación, demarcaron una vía que perfectamente podría provocar que se pierda una oportunidad histórica para discutir uno de los temas de mayor relevancia para el futuro de nuestro país: cómo producir la energía que necesitamos. Y es que pese a la alegría que provocó en millones de chilenos la decisión del Presidente Sebastián Piñera de solicitar a la empresa Suez Energy el traslado de su proyecto termoeléctrico Barrancones, para evitar un daño a la reserva marina de Punta de Choros, en la Región de Coquimbo, el mismo grupo de personeros de la oposición que pedía a gritos que el Mandatario cumpliera con su promesa de campaña e interviniera –como hicieron tantos otros ciudadanos a través de redes sociales como twitter-, lo acusó luego de no respetar la institucionalidad del país. Es algo que es difícil de entender, o lamentablemente demasiado fácil… Después de años de silencio frente a proyectos que generaron dramáticos daños en la salud de las personas y dejaron una huella imborrable en ecosistemas únicos en todo nuestro territorio, resulta que quienes pertenecían en ese entonces al Gobierno que dio curso a esas iniciativas, amparándolas y promoviéndolas, obviando incluso las decisiones de las autoridades responsables, como ocurrió con la Planta de Celulosa del Itata, hoy rasgan vestiduras frente a la intervención del Mandatario… ¿Envidia? Otros, en tanto, piden nuevamente la intervención directa de Piñera para frenar otros proyectos… ¿Bipolaridad? Cuando ocurrió lo de Punta de Choros, el Presidente Piñera explicó que se trató de una decisión “excepcionalísima” y que el camino a seguir a partir de ahora es claro: modificar el marco legal existente, pues permite la ubicación de proyectos de esta naturaleza cerca de localidades habitadas o áreas de protección silvestre. El verdadero debate, sin embargo, ha sido eludido: ¿qué haremos para conseguir la energía que necesitaremos los próximos 20 años, un momento en que se espera que tripliquemos nuestro consumo eléctrico debido a un mayor crecimiento económico? Sabemos que lo ideal sería tener una matriz abundante en energía eólica, geotérmica y mareomotriz. No obstante, también sabemos que los costos y plazos nos juegan en contra y que aún requeriremos de hidroeléctricas y termoeléctricas… El punto clave, en mi opinión, es que se emplacen en lugares donde provoquen los menores daños posibles y con las máximas medidas de seguridad, así como la fiscalización correspondiente. ¿Ustedes qué creen?
Ricardo Raineri: hidroelectricidad seguirá siendo la base de la matriz energética
El ministro de Energía destacó también que las alianzas con países vecinos son fundamentales para lograr las metas y satisfacer las necesidades locales, agregando que de seguir en aumento la demanda, la energía nuclear posee mejores proyecciones.
Ricardo Raineri, ministro de Energía, en entrevista con ESTRATEGIA se refirió a la importancia que tiene para Chile ir en busca de todas las alternativas, que ante una situación adversa, pudieran ser opción para poder sostener el incremento de la demanda eléctrica a 2020. En este sentido, el ministro destacó que la alianza con otros países de la región, la hidroelectricidad y las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), son fundamentales para lograr las metas y satisfacer las necesidades locales. Y agregó que “a mayor crecimiento de la demanda, la energía nuclear posee mejores condiciones para competir”.
—¿Cuáles son las ventajas de la conexión Chile-Argentina?
—Hay varios beneficios de estar interconectados con los sistemas energéticos de otros países, y en el caso de Argentina nos permite contar con mayor respaldo para enfrentar situaciones circunstanciales de suministro energético complejas. También permite a los agentes tener más opciones de proveedores, realizar operaciones de intercambio de energía y, por lo tanto, obtener mejores condiciones comerciales. Adicionalmente, el estar interconectados con Argentina, nos permite estar vinculados con los otros países de la cuenca de La Plata y también con Bolivia, debido a las interconexiones que existen entre éstos.
—¿Hay perspectivas de integraciones con otros países?
—Nuestro continente tiene muchas alternativas de integración, y los análisis muestran que es beneficioso avanzar por ese camino. Hoy hay bastante infraestructura eléctrica y de gas que permite la interconexión entre varias naciones, además existen numerosos proyectos para reforzar o aumentar las interconexiones. Chile debiera tener a futuro un mayor intercambio energético con los países de la cuenca de La Plata, y si los países andinos aumentan sus reservas de hidrocarburos o emprenden grandes proyectos hidroeléctricos, Chile será un mercado atractivo para ellos.
—A 2020, ¿cuánta electricidad se generaría desde el extranjero y cuánta desde Chile?
—Para saber qué parte de la matriz energética nacional es suministrada con productos importados dependerá del éxito que tenga el país en la explotación de sus recursos propios, como también del avance tecnológico que experimenten algunas alternativas que hoy no son competitivas.
El país está incentivando la exploración y explotación de la geotermia y de hidrocarburos. En este último caso, se está buscando atraer inversión a la cuenca de Magallanes, pero también otras cuencas chilenas, como por ejemplo la del Pacífico, que se ubica frente a Valparaíso hasta Chiloé.
En materia de carbón, el país cuenta con las reservas de Magallanes, donde se está desarrollando una explotación de este recurso, que para fines de la década podría aportar una cantidad importante del carbón que hoy se importa. Pero también Chile tiene grandes potenciales en materia eólica, solar y mareomotriz.
En cuanto a biocombustibles, las posibilidades del país en lignocelulosa y algas son muy interesantes, pero se requiere que la tecnología alcance niveles competitivos. Sin embargo, no debe olvidarse que una parte importante de la generación del sistema interconectado central es en base a hidroelectricidad, lo que continuará en el futuro.
—¿Queda un margen en la matriz energética que podría ser cubierto por la energía nuclear?
—En la medida que los países requieren de aumentos significativos de capacidad de generación cada año, y por tanto es conveniente el desarrollo de grandes proyectos, la energía nuclear tiene mejores condiciones para competir con otras opciones.
—¿Deberá hacerse cambios a la ley energética para permitir el paso a la energía nuclear?
—Hoy la ley eléctrica no diferencia entre tipo de combustibles, por lo tanto, cualquier opción puede desarrollarse en cuanto cumpla con la normativa ambiental y de seguridad que el país ha definido.
Peru
Consorcio de Camisea ya no exportará gas
Las negociaciones para modificar el contrato de Camisea avanzan sin problemas, afirmó Daniel Saba, presidente de Perupetro, quien confirmó que el consorcio aceptó modificar el contrato del Lote 88.
Con ello, el 100% de la producción de gas se destinará al mercado local y no se exportará.
El 19 de agosto, el Gobierno publicó un decreto supremo que dejó sin efecto la exportación de gas de los campos gasíferos cusqueños. La medida corrigió la norma aprobada en 2005, que permitía destinar parte de las reservas (en Cashiriari y San Martín) a la exportación.
Daniel Saba destacó los avances en las negociaciones entre el Estado y el consorcio Camisea, y afirmó que la empresa no ha realizado observaciones a las propuestas planteadas. Se espera que el proceso culmine en diciembre de este año.
En la ronda de reuniones, recordó el funcionario, se está trabajando también la modificación del contrato de regalías por la exportación de gas del Lote 56. Saba reconoció que es un tema más complicado que aún no se ha cerrado.
Acuerdo lesivo para el Perú
(1) Gas nacional es vendido en el exterior a precios mayores de cinco dólares, sin embargo el Perú deduce impuestos a precios irrisorios. (2) Peruanos continuamos subsidiando la exportación. Regalías que pagamos siguen siendo más altas que las que abona Perú LNG. (3) Shell entregó al Perú lotes 88 y 56 con reservas probadas de gas.
El congresista nacionalista Juvenal Silva, a nombre de la bancada nacionalista, anunció que ya se presentó la solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para llevar adelante el referéndum que dará prioridad al abastecimiento del gas para el consumo interno, mientras que el legislador Isaac Serna Guzmán explicó que ha presentado dos acciones ante el Poder Judicial que ya han sido admitidas sobre el tema del gas.
La congresista nacionalista Susana Vilca Achata planteó una demanda de acción popular para anular el Decreto Supremo Nº 050-2005 que promovió la modificación del contrato del Lote 88, con lo cual se inicia el proceso de recuperación de la totalidad de las reservas del gas de Camisea para el abastecimiento del mercado interno.
TENER EN CUENTA
De acuerdo a información publicada en la página Web de Perupetro a la fecha han sido nueve las embarcaciones que han salido de Pampa Melchorita hacía el exterior llevando el gas natural.
Por cada millón de BTU de Gas Natural -procedente de los yacimientos cusqueños de Camisea- que la transnacional Repsol ha vendido a los países europeos recibió US$ 7, y por el mismo volumen de Gas Natural (millón de BTU) al Perú le tocó la ínfima cantidad de US$ 0.65 en boca de pozo. Es decir menos de un dólar.
Pero ¿por qué se da esta disparidad entre los ingresos de Repsol y los del Perú si el producto y el volumen comercializados son los mismos?
La respuesta la encontramos en la cláusula VI del contrato suscrito entre el Consorcio Camisea, empresa que explota los Lotes 88 y 56, y Perú LNG, empresa que exporta el gas.
En dicho punto del contrato ambas empresas privadas acordaron que el precio en que se vende el Gas Natural nacional en el exterior, no será tomado en cuenta para determinar las regalías y el Impuesto a la Renta que recaudará el Estado, sino que dichos tributos serán deducidos mediante un valor de referencia acordado por las empresas privadas.
Así, en el acápite 6.2 del contrato denominado “Valor de Referencia..”, el Consorcio Camisea y Perú LNG crearon un “tablita” la cual determina el nuevo precio en boca de pozo (valor de referencia) sobre el cual se deducirá las regalías y el Impuesto a la Renta que recibirá el Estado.
Es decir, los mencionados tributos que recaudará el erario nacional no serán deducidos del precio final en que se vende el Gas Natural en el exterior –en este caso países europeos- sino mediante el nuevo precio acordado por el Consorcio Camisea y Perú LNG.
Julio Icaza, coordinador técnico del área supervisión de contrato de la empresa estatal Perupetro, dijo a LA PRIMERA que el gas nacional vendido a España fue comercializado a un precio promedio de US$ 7 por millón de BTU y por dicha venta las regalías que recaudaría el Perú fueron, también en promedio, US$ 0.70.
Entonces si el gas nacional se vendió a España US$ 7 por millón de BTU, de acuerdo al valor referencia acordado por Perú LNG y el Consorcio Camisea, el precio en boca de pozo sobre el cual se determinará las regalías y el impuesto a la renta que recibirá el erario nacional es US$ 1.72 por millón de BTU.
Con dicho precio de venta en boca de pozo (US$ 1.72 por millón de BTU), las regalías que recaudará el Estado son US$ 0.65 por millón de BTU y el impuesto a la renta es US$ 0.32 por millón de BTU.
Regalías irrisorias Para el investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, las regalías que pagará la exportación son irrisorias en comparación a las que abonan los consumidores locales.
Ello teniendo en cuenta que en el país el sector industrial paga por regalía US$ 0.96 por millón de BTU, las generadoras eléctricas US$ 0.54 y US$ 0.29 por millón de BTU, respectivamente.
El director de Energy Consult, Aurelio Ochoa, dijo que para que los peruanos no continuemos subsidiando la exportación es necesario que el Ejecutivo derogue el decreto supremo dictado por el ministerio de energía y Minas (MEM) que instó a renegociar el precio de las regalías para la exportación.
La norma a la que hace mención Ochoa es el Decreto Supremo 039-2010-EM que estableció un valor mínimo para la regalía en caso de exportación del gas, “el cual en ningún caso podrá ser inferior al valor promedio de la regalía del hidrocarburo destinado al mercado interno”, refiere la norma.
La resolución señala que este precio base regirá tanto para los futuros y actuales contratos de explotación del gas.
“El mencionado decreto se consigna un precio promedio de las regalías que pagan las empresas del mercado interno, y no el precio máximo que sí permitiría, tal y como lo anunció el presidente García en su discurso por 28 de julio, que en ningún caso el precio de la regalía para la exportación sea menor al que pagan las del mercado interno.
Explicó que este precio promedio permitirá que las regalías que pagan en el mercado interno las petroquímicas y las industrias sigan siendo mayores a las que se paga por la exportación.
Nuevos precios acordados De acuerdo al acápite 6.2 del contrato –suscrito entre Perú LNG y el Consorcio Camisea- denominado “Valor de Referencia” se aprecia que si el gas nacional es vendido en el exterior a US$ 4 por millón de BTU, el nuevo precio –en boca de pozo- sobre el que se determinará las regalías y el impuesto a la renta será US$ 0.16 por millón de BTU.
Si el precio que se vende en el exterior es US$ 5 por millón de BTU (el nuevo precio es US$ 0.51 por millón de BTU), si se vende a US$ 6 por millón de BTU (el nuevo precio es US$ 1,10 por millón de BTU).
Considerando que Repsol, la empresa que finalmente esta revendiendo el gas nacional en exterior, decide vender el gas a Chile, país que esta pagando US$ 10 por millón de BTU, el nuevo precio sobre el cual se va determinar las regalías e impuesto a la renta será de US$ 3.57 por millón de BTU. Con dicho precio internacional, uno de los más altos del mercado, Perú LNG abona US$ 1.36 por regalías.
“Sólo con un precio de venta final entre US$ 10 y US$ 9 por millón de BTU es que la exportación paga poco más por regalías que lo que aportamos los peruanos”, dice Manco Zaconetti, investigador la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Repsol la beneficiada Al establecer el Consorcio Camisea y Perú LNG el valor de referencia (precio en boca de pozo) como base para deducir el impuesto y la regalía que recibirá el fisco, está claro que el Perú es el único perdedor al renunciar a recaudar más recursos y el gran beneficiado es la transnacional Repsol, dice Aurelio Ochoa.
Explica que la transnacional española le compra el Gas Natural a Perú LNG en su planta de Pampa Melchorita, a la vez, esta última compra el recurso natural al Consorcio Camisea en Cusco.
Entonces Repsol es propietaria del Gas Natural una vez que este se encuentre en las embarcaciones que lo transportarán fuera del país para su posterior reventa a manos de la transnacional española.
Entrega del Gas Natural se inició con ex dictador Fujimori La congresista nacionalista Susana Vilca reiteró que el entreguismo del Gas Natural en el país se inició en el gobierno del ex dictador Alberto Fujimori, cuando se dictó la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, con lo cual el estado peruano pierde la soberanía sobre los Hidrocarburos, al impulsar la transferencia de la propiedad de gas extraído a los contratistas al momento de firmar los contratos.
Recordó que el presidente de transición Valentín Paniagua, firmó el contrato de explotación del lote 88 para abastecer al mercado nacional por 20 años permanentes, pero la danza del Gas Natural siguió su proceso cuando uno de los funcionarios del Estado más influyentes de la época, Pedro Pablo Kuczynski, intervino para impulsar la exportación de este recurso.
Igualmente, el entonces presidente Alejandro Toledo promovió la exportación de gas con la ilegal modificación del contrato del lote 88 y con la firma del contrato del lote 56 para que finalmente el actual mandatario Alan García consolide su terquedad de exportar el gas y así convertir a su gobierno como el más acérrimo defensor de la exportación de gas de Camisea, sin importarle el desabastecimiento de ese recurso para el consumo interno.
Fue durante su exposición en la Audiencia Pública: “Recuperación y su Masificación del Gas”, realizada en la Sala Grau del Palacio Legislativo, el último fin de semana, donde reiteró la necesidad de reivindicar el gas de Camisea, porque las reservas de los lotes 56 y 88 constituyen el patrimonio de la Nación; la Shell exploró ambos lotes con una inversión de 516 millones de dólares entre los años ochenta y noventa y, al abandonar ambos campos, entrego 10.86 TCF (trillones de pies cúbicos) de reservas probadas de Gas Natural al estado peruano.
“De acuerdo al registro de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, las reservas del lote 88 a diciembre de 1999 fueron de 8.108 TCF, mientras del lote 56 a diciembre de 2004 tenía registrado 2.752 TCF, sin embargo, el contrato de exportación se firmó el 7 de setiembre de 2004, por tanto se entregó al consorcio de Camisea con reservas probadas, porque es imposible haber realizado operaciones de exploración en menos de cuatro meses”, expresó la parlamentaria nacionalista.
Según el contrato original del lote 88, la totalidad de las reservas fueron para el consumo interno, con la modificación del contrato en el 2005 más de 2 TCF de reservas se comprometieron a la exportación, y en cuanto al contrato -que dicho sea de paso nació nulo- del lote 56 la totalidad de las reservas se destinó a la exportación. Los ex funcionarios del MEM cambiaron la calificación de reservas probadas por reservadas probables, con fines de sacar del ámbito de aplicación de la Ley Nº 27133 y en el marco de la Ley 26221.
Consorcio Camisea es el dueño de la molécula
Por Humberto Campodónico
El comunicado del Consorcio Camisea del pasado miércoles 22 —que dice que las negociaciones con Perupetro “aún se encuentran en una etapa preliminar”— es un desmentido rotundo a las declaraciones del presidente de Perupetro, Daniel Saba, quien había afirmado días antes que “el Consorcio ya había aceptado la propuesta peruana de no exportar el gas del Lote 88 y destinarlo exclusivamente al mercado interno”.
El comunicado del Consorcio es una prueba más de algo que ya se sabe: que la legislación neoliberal de principios de los años 90, en especial la Ley de Hidrocarburos 26221 de 1993, otorgó a los contratistas la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, previo pago de una regalía. A lo que se agregó la renegociación ilegal del contrato del Lote 88, en diciembre del 2005, lo que “legalizó” la exportación de sus reservas.
Frente a este desmentido, el gobierno retrocedió y no le quedó otra cosa que volver a decir que las reservas del Lote 88 no se exportarán antes del 2014, con lo cual “todos nos podemos quedar tranquilos”. No, señor. Eso es inaceptable y debe exigírsele al gobierno que se cumpla de inmediato con el DS-053-2010 de agosto pasado, no solo por razones de soberanía nacional, sino porque en estos momentos el mercado interno está desabastecido y se está incumpliendo la Ley 27133.
Ahora bien, reafirmándonos siempre en los argumentos expuestos, es importante anotar que, incluso en el terreno de los negocios empresariales, es perfectamente posible para que el Lote 88 se destine exclusivamente al mercado interno. Veamos cómo.
Dice la calificadora de riesgo Apoyo-Fitch en su más reciente informe sobre el consorcio exportador Perú-LNG: “Debido a las inversiones realizadas en el desarrollo del Lote 56, las reservas probadas se han incrementado en 89% y ahora llegan a 2.76 TCF.
Esto implica que el requerimiento de reservas del Lote 88 se ha reducido a 1.44 TCF, equivalente al 34% del requerimiento total para la exportación, que es de 4.2 TCF (ver “Bonos Corporativos de Perú LNG” en www.aai.com.pe, mayo 2010, p. 5)”.
Si esto es así en los próximos años el programa de inversiones del Consorcio Camisea por US$ 400 millones seguramente incrementará las reservas del Lote 56 en bastante más de 1.44 TCF, que es lo que el Lote 88 hoy “presta” para la exportación.
Entonces, ¿por qué no los libera de una vez? Recordemos que si bien las reservas del Lote 88 no se exportarían hasta el 2014, esas reservas no pueden destinarse hoy al abastecimiento del mercado interno, que sufre racionamiento. Por eso estas reservas deben liberarse ya, de inmediato, y destinarse al mercado interno, principalmente al gasoducto surandino.
¿Cómo cubriría el Consorcio ese “faltante” de 1.44 TCF? Ese es un problema de ellos y no nuestro. Dicho esto, el Consorcio Camisea podría comprar opciones de gas (“futuros”) en el mercado internacional para respaldar sus compromisos.
O, más fácil aún, podría acordar con Repsol (socio del consorcio Perú LNG y único titular del contrato de comercialización a México) que “le preste” los dos (2) TCF de reservas de gas que esta empresa ha descubierto en el Lote 57 y que las ofreció al Ministerio de Energía y Minas el 28 de febrero del 2008 en una carta firmada por su director general, Nemesio Fernández.
Dice la carta: “Repsol-YPF pone a disposición del MEM la posibilidad de exportar la producción de gas del Lote 57, a la que Repsol pudiera tener derecho (…) con el objeto de permitirle una mejor planificación nacional de los recursos disponibles”.
Pero el gobierno no juega las cartas que tiene pues defiende los intereses nacionales solo de palabra, mientras “va quemando tiempo” hasta julio del 2011 para dejarle la “papa caliente” al próximo gobierno. Difícil que lo logre, pues la indignación generalizada ya ha calado hondo sobre este tema. ¿No es cierto?
PeruPetro mintió al país sobre asignación de reservas de gas del lote 88
Daniel Saba, anunció en diversos medios de comunicación que el Consorcio Camisea había aceptado la fórmula de la renegociación para que las reservas de gas del Lote 88 se destine exclusivamente al mercado interno y, ya no para la exportación, el mismo Consorcio se encargo de desmentirlo a través de un comunicado rectificando la precipitada declaración.
En una respuesta inmediata, el Consorcio Camisea aclaró que no existe ningún acuerdo al respecto y por el contrario señaló que las reservas del Lote 88 si se exportarán, a partir del año 2014, una vez que empiecen los trabajos de exploración.
Sin duda con esta aclaración, la mentira de Saba se desbarató absolutamente, lo cual revela una vez más que existen funcionarios serviles de las transnacionales que fabrican estrategias para maquillar falsedades con el único propósito de defender a rajatabla la ilegal exportación de las reservas probadas de gas que la empresa Shell nos dejó.
PerúPetro como negociador no garantiza en lo absoluto que las reservas de gas del Lote 88 sean exclusivas para el mercado nacional, pues el país debe saber que solo están ganando tiempo para apresurar las embarcaciones que salen con nuestro gas hacia el exterior.
“Es imposible que independientemente el Lote 56 garantice el cumplimiento de los compromisos de exportación del Consorcio Camisea, ya que al independizarse del Lote 88, debería tener mayores reservas probadas, que le permitan extraer los 4.2 TCF de gas en el plazo de 18 años, conforme tiene contratado para exportarlo, ese es el problema”, aseveró la congresista nacionalista Susana Vilca.
El Consorcio Camisea no solo buscó de buena fe la exportación, sino al no tener el capital económico para invertir en la explotación de gas, hipotecó a los bancos internacionales los 4.2 TCF de reservas, con la finalidad de acceder a créditos para el financiamiento del proyecto. En otras palabras el Consorcio Camisea vino con los bolsillos vacíos, se apoderó de las reservas que dejó la Shell (516 millones de dólares de inversión), capitalizó dichas reservas, y hoy hace un negocio redondo maltratando a los consumidores nacionales.
“Es hora de reivindicar las reservas probadas que nos dejó la Shell, que constituyen patrimonio de la Nación, no hay derecho que los peruanos estemos en una situación de mendigos. No nos oponemos a la exportación, si el Consorcio Camisea quiere exportar gas, que sude la camiseta como lo hacen todas las empresas del mundo, buscando sus propias reservas, y no nos roben el gas que no les pertenece”, concluyó la parlamentaria nacionalista.
Colombia
Sigue a la espera la venta de cinco electrificadoras
Minhacienda retomó los procesos; el más avanzado es el de la empresa de Boyacá, pero aún no hay compradores a la vista, lo que se suma a demoras por decisiones políticas y asuntos de orden legal.
Los 500.000 millones de pesos que esperaba recibir el Gobierno anterior por la venta de la Empresa de Energía de Boyacá (Ebsa), donde la Nación participa con 99,6 por ciento, es un tema con el que la administración de Juan Manuel Santos prefiere ser prudente, pues si bien el proceso está en marcha, a la fecha no hay compradores a la vista, que permitan asegurar la operación a corto plazo.
Ese es el panorama actual del negocio más avanzado que pretende sacar adelante el Gobierno, de un paquete de cinco electrificadoras cuyos activos también están en venta. Junto con Ebsa, la segunda apuesta está en la Electrificadora del Meta (Emsa) y le siguen las empresas de Caquetá, Huila y Nariño.
Para el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, "esas son ventas en las cuales se siguen adelantando los procesos por parte del Ministerio. Se siguen buscando clientes, pero no están en las fuentes de recursos del plan financiero del Gobierno para el 2011".
El presupuesto del año entrante no tuvo en cuenta las electrificadoras, contrario a lo que fue el plan financiero del 2010 del Gobierno Uribe, que contemplaba la obtención de recursos por 4,5 billones de pesos por la privatización de Isagén y de las cinco compañías regionales.
Isagén, según el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, no está en la agenda, dado que "es una empresa que se ha venido manejando bien, cumple con estándares internacionales y su rentabilidad es muy buena".
Si bien las ventas de las electrificadoras están relacionadas con un rubro que se relaciona más con los asuntos que tocan a la cartera de Minas y Energía, en este caso la batuta la lleva el Ministerio de Hacienda, debido a que representa a la Nación en la participación accionaria de las empresas. Empero, Rodado manifiesta que el proceso es dispendioso y requiere un estudio detallado. "En el caso de las electrificadoras, hay que hacer evaluaciones caso por caso, cómo está cada empresa y cómo se ha venido manejando", afirma Rodado Noriega.
No hay compradores
Hasta ahora, no se conocen ofertas por las compañías que están en venta. Funcionarios del Ministerio de Minas han reconocido que no hay compradores a la vista. En un reporte publicado en www.sigob.gov.co, donde se hace seguimiento a las metas del Gobierno, el director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas, Andrés Taboada, explicó que tanto EPM como la EEB han manifestado que en sus planes no está la compra de las empresas que está ofreciendo la Nación. "Por este motivo, el proceso para la venta de las electrificadoras de Boyacá y Meta (que se prevé saldrá en unos meses) tomará más tiempo", dijo en su informe, publicado a inicios de julio. Su apreciación coincide con lo que manifestó hace unos meses en entrevista con este diario la presidenta de la EEB, Mónica de Greiff, sobre la posibilidad de ofrecer por la empresa de Boyacá. "Es carísima y tiene unos activos que nosotros no podríamos manejar, en cambio, el mercado del Meta nos llama la atención porque en este caso ya somos dueños del 16 por ciento", dijo en esa oportunidad.
La EEB adquirió en el 2009 la Empresa de Energía de Cundinamarca, que junto con la empresa de Santander (Essa) y la de Norte de Santander (Cens), fueron las únicas tres ventas exitosas de ese año.
Emsa y Ebsa, empresas que están saneadas
En junio, la Electrificadora del Meta (Emsa) consiguió un crédito por 40.000 millones de pesos para ampliar su capacidad. A mitad de año, repartió dividendos por 28.458 millones de pesos, de los cuales, 19.017 millones de pesos corresponden a utilidades del 2009 y 9.441 millones a reservas del 2008. Emsa enfrenta una acción popular de las entidades territoriales del Meta para que se les reconozcan las inversiones que han hecho en infraestructura eléctrica.
Por otra parte, en mayo pasado salieron a oferta pública las acciones de la Empresa de Energía de Boyacá (Ebsa), a un precio fijo por cada título de 11,28 pesos. El objetivo del Gobierno es enajenar su participación en la empresa y recibir aproximadamente 500.000 millones de pesos, tras un proceso que contempla dos etapas de venta, la primera dirigida al sector solidario.
Ecuador
Inician audiencias de empleados de Petroecuador por irregularidades
Las audiencias de los 628 trabajadores de Petroecuador denunciados por la Secretaría Nacional de Transparencia de Ecuador por un presunto conflicto de intereses iniciaron hoy, según informó la empresa estatal de petróleo.
En total tuvieron lugar 32 sesiones en las oficinas centrales de Petroecuador en Quito, a las que comparecieron el empleado o empleada, el abogado defensor y el de la empresa, así como un Inspector del Trabajo, detalló la compañía en un comunicado.
Los acusados, suspendidos de sus funciones el pasado 17 de septiembre, tienen acciones de la empresa privada de combustible Gaspetsa. La Secretaría Nacional de Transparencia, que inició la denuncia, los acusa de incumplir los reglamentos de Petroecuador.
Los trabajadores sancionados disponen de treinta días para probar su inocencia y refutar las alegaciones con la presentación de evidencias en las audiencias.
Según el Gobierno, Gaspetsa compraba combustible a Petroecuador y luego lo vendía a pescadores del norte del país y en 2005 recibió un contrato irregular de la empresa estatal.
Su negocio florecía gracias a "la información privilegiada" a la que tenían acceso sus accionistas como empleados de Petroecuador, de acuerdo con el Gobierno ecuatoriano.
Estafa en la selva.
¿Qué se obtiene al juntar una república sudamericana y grupos ambientales con una compañía petrolera estadounidense?
Si le parece que la pregunta suena como un chiste, considere a Ecuador, donde abogados estadounidenses y activistas ambientales están tratando de que Chevron pague la mayor indemnización por daños y perjuicio de la historia en un caso medioambiental. En una demanda ante una corte ecuatoriana, Chevron enfrenta un posible veredicto de US$113.000 millones —que hace una semana era tan sólo de US$27.000 millones— para limpiar un desastre ecológico casi con seguridad creado por la propia petrolera del gobierno, PetroEcuador, que ha supervisado más de 1.200 derrames tan sólo en los últimos diez años.
El drama comenzó en los años 70, cuando Texaco y la petrolera estatal PetroEcuador perforaron unos 321 pozos en Ecuador. A principios de los años 90, Texaco decidió poner fin a sus operaciones y diseñó con el gobierno un plan de limpieza ambiental que asignó a Texaco la responsabilidad de 133 sitios, una cifra proporcional a la participación de la compañía en el proyecto. La petrolera gastó US$40 millones en las operaciones de limpieza, y en 1998 el gobierno y PetroEcuador eximieron legalmente a Texaco —que se fusionó con Chevron en 2000—, de toda reclamación o responsabilidad posterior.
Para lo que sirvió…El grupo ecologista Frente de Defensa de la Amazonía, una ONG creada en Ecuador y la única beneficiaria (incluida) de la demanda, ha llevado a cabo una implacable campaña contra Chevron en los tribunales ecuatorianos y en los medios de comunicación occidentales. La actriz Darryl Hannah se ha fotografiado introduciendo las manos en una mancha fresca de petróleo, una supuesta prueba de la culpabilidad de Texaco. La demanda también cuenta con el apoyo del presidente ecuatoriano Rafael Correa, un clon de Hugo Chávez que arremetió contra Texaco por sus "atrocidades". El fiscal general de Ecuador ha dicho que el Estado se quedaría con el 90% de cualquier pago de Chevron.
Ahora, sin embargo, toda la historia se está desmoronando bajo el intenso escrutinio legal en varias jurisdicciones. En mayo, el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan concedió una petición de Chevron en la que solicitaba la divulgación de cientos de horas de grabación adicional del documental "Crude" divulgado en 2009, que pretende ser un relato imparcial de la batalla legal pero que está más cerca de ser una obra de agitación propagandística pro-fiscalía. El juez también autorizó la revelación de información relacionada con el abogado de los demandantes Steven Donzinger, cuyo alcance Donzinger pidió al juez Kaplan que limite en una audiencia celebrada el jueves.
"La versión divulgada de "Crude"…muestra interacciones que sugieren la posibilidad de conductas inapropiadas por parte del abogado de los demandantes y el gobierno de Ecuador", escribió el juez en mayo, añadiendo que "es probable que las tomas descartadas sean relevantes en cuestiones importantes para el proceso judicial". Los autores de "Crude" han apelado la decisión. Una orden del 13 de septiembre del juez federal Lorenzo García en la Corte Federal de Distrito de Nuevo México indicó que las secuencias filmadas muestran una "conducta inapropiada, inmoral y quizás ilegal" y calificó a las imágenes descartadas de "suficientes para establecer un caso prima facie de tentativa de actividad fraudulenta por el abogado [Steven] Donziger".
Entre esas tomas no utilizadas en el documental —las transcripciones disponibles públicamente de las imágenes que hemos revisado— hay una escena en la que Donziger dice, en relación a la calidad de la evidencia sobre el alcance de la supuesta contaminación, que "a la postre, para la corte todo esto es un montón de efectos ilusorios y sandeces. De verdad que lo son. Tenemos suficiente, para ganar dinero, para ganar".
También hay una conversación entre Donziger y dos socios ecuatorianos en las que discuten (aunque no está claro qué tan seriamente) si pueden contratar gente local para que vigilen fuera de juzgado. Los lectores pueden juzgar por sí mismos qué pretendían hacer con el grupo. "Se llama ejército, pero es algo parecido a… un grupo especializado…de acción inmediata", dice uno de los asociados. Donziger no respondió a las peticiones de comentarios.
En testimonio jurado hace unos meses, el biólogo estadounidense Charles Calmbacher, cuya evaluación de toxinas en dos sitios se usó para estimar la responsabilidad de Chevron, dijo que las conclusiones presentadas en su nombre por Donziger no reflejaban el informe que preparó en 2005. Calmbacher dijo que no hizo estimaciones de costos ni referencias a cuantías indemnización. "Concluí que no ví contaminación significativa que representara una amenaza inmediata al medioambiente o a seres humanos o a la fauna y flora de alrededor".
Esa no era la respuesta que esperaba Donziger, explicó Calmbacher. "La respuesta que quería era que hubiera contaminación y que la gente hubiera sufrido lesiones…Porque así se gana dinero. Eso gana el caso". Cuando recibió una citación judicial para declarar en marzo, dice Calmbacher, Donziger le llamó para disuadirle de participar en la declaración.
Donziger no mencionó las acusaciones de Calmbacher en su contestación, pero en una moción para anular la citación judicial a Donziger, los abogados demandantes calificaron a Calmbacher de "ex experto descontento, que tuvo un papel muy pequeño en el caso Lago, y que amenazó con demandar a los demandantes por impago de honorarios". La portavoz de la acusación Karen Hinton también ha calificado de "desconcertante" el testimonio de Calmbacher.
Las tácticas podrían ser menos escandalosas en Ecuador, donde los tribunales son notoriamente, ejem, poco fiables. En el juicio contra Chevron, un juez ecuatoriano, Juan Nuñez, se inhibió del caso a petición del fiscal general Washington Pesántez tras divulgarse videos que sugerían que Nuñez podría estar implicado en un intento de soborno de US$3 millones en el que estarían implicados personas que se identifican a sí mismos en la grabación como funcionarios del partido gobernante en Ecuador.
El caso dio otro giro ridículo en febrero cuando se descubrió que Richard Cabrera —el autor del informe original "independiente" nombrado por la corte que sugirió que Chevron debería pagar US27.000 millones por sus infracciones—, tenía un posible interés financiero en cualquier veredicto. Cabrera, que posee una participación mayoritaria en una compañía de limpieza de derrames petroleros incluida en una lista de PetroEcuador de proveedores autorizados, ocultó esa relación a la corte al negar que tuviera algún conflicto de interés. Chevron ha alegado en los tribunales que Cabrera puso una fecha anterior a la verdadera a fotografías tomadas a principios de los años 90 y en 2001 para implicar a Texaco en la aparición de fosas de petróleo creadas después de que la compañía abandonara el país.
Recientemente, Chevron ha incoado una demanda en un tribunal de distrito de Colorado en la que alega que el informe de Cabrera fue escrito en colaboración estrecha con Stratus, una firma de consultoría medioambiental de Boulder, Colorado, contratada por los demandantes y que, según Chevron, ha estado ocultando evidencias de contactos impropios con Cabrera. En un comunicado enviado por correo electrónico, el vicepresidente ejecutivo de Strata, Doug Beltman, nos dijo que debido a las normas de confidencialidad a las que recurrieron los demandantes, la firma "no puede proveer más información en estos momentos más que para afirmar que las acusaciones de fraude y de otras impropiedades presentadas contra nosotros son falsas y para caracterizarlas como parte de la actual campaña de Chevron en los medios de comunicación contra los demandantes". Cabrera no ha respondido a las alegaciones.
La estimación de daños de Cabrera de US$27.000 millones fue un ejercicio de matemáticas imaginarias superado tan sólo por la nueva cifra de los demandantes de US$113.000 millones. Si bien Texaco considera que ganó unos US$490 millones durante la vida del proyecto, el informe de Cabrera sugiere que la compañía debe US$8.400 millones por "enriquecimiento injusto", mientras que la nueva "cifra conservadora" de los demandantes estima que sería apropiado entre US$18.260 millones y US$37.860 millones. Para costos de limpieza, el reporte de Cabrera asigna US$2.743 millones para un trabajo que costaría unos US$18 millones si lo hiciera PetroEcuador. Cabrera estimó US$9.000 millones para las víctimas de cáncer, sin ninguna prueba documental de su existencia. La nueva estimación de los demandantes es de US$69.700 millones.
Estas astronómicas cifras siempre han sido una forma de coaccionar a Chevron para que alcance un acuerdo, pero hasta ahora la compañía ha presentado batalla. En marzo, el juez federal de distrito Leonard Sand dictaminó en Nueva York que la compañía podía seguir adelante con un recurso de arbitraje internacional contra Ecuador por violar sus derechos al debido proceso en el juicio que está teniendo lugar en el país sudamericano. La apelación está pendiente en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Por medio del arbitraje, Chevron probablemente podrá postergar el pago de cualquier veredicto exorbitante emitido por el tribunal ecuatoriano. Y si la corte no rechaza los dos informes de Calmbacher, cualquier veredicto se puede impugnar en base a evidencias fraudulentas.
Quizás el veredicto definitivo sobre el caso fue presentado por uno de los abogados de los acusantes, Joe Kohn, de la firma Kohn Swift & Graf, de Filadelfia, quien dijo a los creadores de "Crude": "Mucha de mi motivación es que, al final, será un caso lucrativo para la firma". Y esta declaración ni siquiera se quedó fuera en las escenas desechadas.
